Los palmesanos tendrán que pagar por aparcar en toda la ciudad y 12 coches multacar estarán al acecho

El alcalde socialista de Palma, José Hila, que lleva cosiendo a multas a los palmesanos desde que se levantaron las restricciones a la movilidad en 2021, quiere ir más allá en esta materia. La Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles inicialmente el denominado Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que incluye la ampliación de la zona azul de pago en superficie de las 12.000 plazas actuales a 24.000, prácticamente todo el casco urbano de la ciudad, y la compra por 600.000 euros de 12 vehículos multacar, equipados con cámaras para sancionar a todos los conductores infractores.

Una ampliación de la zona ORA que se irá materializando progresivamente, una vez que el PMUS se apruebe de forma definitiva. La medida obligará a los palmesanos a pagar por estacionar en la vía pública en casi todos los barrios de la capital balear.

Una iniciativa sin precedentes que el gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos pretende ejecutar en caso de revalidar la victoria electoral en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.

La inversión que debe realizar el Ayuntamiento de Palma para digitalizar el servicio de la ORA será de seis millones de euros y para ello el consejo de administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP), presidida por el concejal socialista de Movilidad, Francesc Dalmau, ha aprobado hoy tres contratos que tienen por objetivo impulsar la digitalización y modernización del servicio de ORA y disponer de una tecnología preparada por la futura ampliación de la ORA que contempla la actualización del PMUS 2022-2030.

Unos concursos ya convocados sin que exista un informe del área de Movilidad, ni un estudio de viabilidad económica elaborado por los técnicos municipales y sin haber consultado previamente a las entidades ciudadanas. Los doce vehículos multacar que se incorporarán a la flota municipal de la SMAP irán provistos de cámaras para fotografiar a los vehículos estacionados y, en este caso, se prevé incorporar las primeras unidades en breve.

Desde el PP, la concejala Lydia Pérez consideró «muy significativo» que el gobierno municipal anteponga «la persecución del ciudadano a la participación y el consenso para definir las medidas de movilidad más convenientes para a ciudad”.

En este sentido, la regidora popular ha denunciado la urgencia en la licitación de toda la ampliación de la ORA, que supondrá duplicar el número de plazas existentes, «cuando todavía no está aprobada ni la conocen los palmesanos».

La edil ha recodado que el PMUS, «que es el documento que debe respaldarla no está aprobado, hoy se ha llevado a la Junta de Gobierno, aún no han podido alegar los grupos políticos y sin que haya superado la fase de exposición pública. Los ciudadanos de Palma tienen derecho a conocer el contenido del PMUS, y a alegar lo que consideren necesario para mejorarlo», ha apostillado Pérez.